La transición política en México y en general, en los países de América Latina no ha sido fácil, en su generalidad tuvo que correr y sigue corriendo sufrimiento, muerte e incertidumbre en pro de que se reconozcan los derechos civiles y políticos de los gobernados. Nuestro país, si bien fue un caso excepcional a las dictaduras militares[1], no así a las prácticas de desaparición forzada y silenciación a las voces disidentes.
Un punto de quiebre en nuestra democracia fue la elección presidencial de 1988, momento donde “se cayó el sistema”, expresión tomada por las autoridades en turno, comandadas por el entonces responsable directo de la Comisión Electoral dependiente del Poder Ejecutivo Federal, Manuel Barlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad en este gobierno autointitulado el de la cuarta transformación.
Desde ese momento a la fecha, los partidos políticos de oposición y buena parte de la sociedad civil han venido configurando instituciones, que en su generalidad ha tenido como punto de mira el desmembramiento de facultades al poder ejecutivo, otrora todopoderoso, de allí nace el IFE hoy INE, CNDH, INAI, INEGI, COFECE entre otros órganos autónomos, hoy objeto de debate en este gobierno, pero ¿será por su elevado costo de operación? ¿o porque son diques que limitan el ejercicio del poder ejecutivo?
Recordemos la elección del 2012, comicios donde el Presidente Enrique Peña Nieto ganó las elecciones en un ambiente enrarecido por el exceso de gastos de campaña y la compra de votos con las famosas tarjetas “Monex”, de allí nace la inquietud de los partidos políticos por regular los gastos de campaña y precampaña –- lo mismo que refundar el IFE y convertirlo en el INE[2], dotando de un órgano electoral muy potente, de corte centralista y rector de la materia electoral en el ánimo de hacerlo menos manejable por los intereses locales del poder.
Es así como nacen las reglas electorales que hoy tenemos, particularmente la obligación de los partidos políticos de presentar informes de gastos de campaña y precampaña[3], elementos que al estar reconocidos en la norma son de observancia general, tanto de parte del ciudadano como de la autoridad, de allí que los reclamos y descalificaciones pronunciados por personajes como Raúl Morón, Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval deban ser encausados por la vía institucional, ejercitando los recursos legales respectivos y no la politización y el descrédito a las instituciones en el contexto electoral.
Por lo anterior, es que observo con profunda preocupación y ponen en alerta a nuestra democracia las abiertas descalificaciones y amenazas inferidas desde el púlpito presidencial en casos donde la voluntad del Presidente es confrontada por las instituciones existentes, advertencias de extinción al INE, el sometimiento de juicio político a consejeros electorales, quejas a los Jueces que emiten fallos adversos en materia energética, entre otros discursos de descalificación y confrontación, no hacen otra cosa que mermar la autonomía, legitimidad e independencia de los órganos constitucionales autónomos y del mismo Poder Judicial.
Finalmente, en este contexto de las cosas, la interrogante será a escasas horas de que en definitiva resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones de los quejosos, ¿qué sucederá si dicho Tribunal falla en contra de los recurrentes?, ¿habrá movilización?, ¿desorden electoral?, ¿se deslegitimará la elección?, esas mismas duda rondan en la cabeza de los integrantes del máximo órgano judicial, esperemos que su decisión no se vea afectada por temores y hagan lo que obligadamente tiene que hacer, que es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
[1] Clasificada por el Premio Nóbel de Literatura Mario Vargas Llosa como “ La Dictadura Perfecta”.
[2] Instituto Nacional Electoral.
[3] Artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos