En nuestro país a partir del año 2012, la participación ciudadana ha tomado relevancia al impregnarse en diversos cuerpos normativos, donde en ellos se reconoce un espacio propio de participación de la ciudadanía en los temas públicos, sea a través de comités ciudadanos, medios de consulta pública, etc. – aún débil, pero ya en ciernes-.
También es conocido de todos los michoacanos el pésimo estado en el que se encuentra su gobierno desde hace varios ejercicios administrativos. Donde hemos tenido de todo, desde un Gobernador en turno con un hermano incómodo que aparece, toma protesta, adquiere fuero y después desaparece para evadir la justicia; detenciones masivas de servidores públicos de primer orden (“michoacanazo”), en un momento donde los poderes paralelos ejercen el poder y no precisamente el gobierno institucionalmente votado; también nos tocó vivir los quebrantamientos en la salud del Gobernador y la disputa interna de los grupos políticos por los espacios estatales ante la ausencia de rectoría en el Estado; posteriormente, derivado de esa lucha intestina por el poder, se erige nuevo Gobernador y es este detenido por supuestos nexos con el crimen organizado; luego llega un Gobernador al margen de la ley, no electo, impuesto por la Federación y dotado de amplísimos poderes, dignos de un Virrey, quien ejerce con un grupo de autodefensas que se adueñan del territorio estatal hasta dividirse y colapsarse; finalmente llegamos a este momento de la historia, con un gobernador que más que ejercer su función, la parafernalia y los desvaríos políticos lo distraen, confesándole su amor político a la oposición en plena campaña presidencial, mientras que su Estado se cae en pedazos con profesores y sindicatos del Ejecutivo que toman una y otra vez las instalaciones ante las faltas de sus pagos, enormes huecos y deudas, donde la delincuencia retoma su fuerza y vigor, mientras que la infraestructura escueta y esporádica luce poco en una entidad federativa con tantas necesidades.
Con este contexto, es que vemos una luz en el camino nosotros los ciudadanos, ya que el 21 de agosto del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un cúmulo de acciones de inconstitucionalidad y controversias interpuestas en contra de la nueva Constitución de la Ciudad de México bajo expedientes 15/2017, 16/2017, 18/2017 y 19/2017, confirmando la constitucionalidad de la revocación del mandato, institución que de manera innovadora fue incorporada en su artículo veinticinco de la Constitución de la CDMX, mecanismo que podrá ser empleado: 1) siempre y cuando haya transcurrido al menos la mitad del mandato sujeto a revocación; 2) sea solicitado al Instituto Electoral Local por al menos el diez por ciento del padrón de electores inscrito; 3) dicho órgano electoral será el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, en el entendido de que estos últimos tendrán obligatoriedad cuando en la consulta respectiva, al menos vote el cuarenta por ciento de los electores y de este porcentaje, al menos el sesenta por ciento decida revocarle el mandato al servidor público electo.
Es así que en momentos de una notoria ineficacia e ineficiencia de nuestros servidores públicos en su función, los ciudadanos podrían ejercitar acciones como esta que empoderan la voluntad popular, premiando o castigando políticamente a sus servidores públicos electos. Con esta decisión del máximo órgano de justicia, dota de auténtica autonomía configurativa al Congreso Estatal para crear e innovar instituciones, sujetando a éstas a nuevos contrapesos que permitan una mayor rendición de cuentas al corto plazo y no esperar desesperadamente que se concluya en mandato para que los malos funcionarios se vayan del poder.
Finalmente, es así que esperemos que este precedente judicial sirva de ejemplo para que otras legislaturas de los Estados repliquen este nuevo mecanismo de acotamiento del poder, donde los que en el futuro aspiren a ocupar un cargo de elección popular sepan que de hacer mal las cosas, podrían ser sujetos a revocarles el mandato conferido por los ciudadanos.
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Lic. Carlos Alberto Gutiérrez García.