Uno de los temas medulares en el proyecto de gobierno del ahora Presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue, es y será la construcción o no, del nuevo aeropuerto. Adicionalmente, un ingrediente muy interesante que intenta emplear este nuevo gobierno es la consulta de temas públicos a sus ciudadanos, vía cualquier forma de democracia participativa como lo son el plebiscito, referéndum o la consulta popular.
Plausible es que temas que interesan a la ciudadanía sea puestos sobre la mesa, conversados y posteriormente, sometidos a consideraciones del pueblo. Sin embargo, el exceso de politizar temas públicos con el objeto de que estos sean parte de los reflectores mediáticos, lo mismo que el sometimiento generalizado de todo tipo de acciones y problemáticas públicas a los medios de democracia participativa, lejos de ser un mecanismo de legitimación con su pueblo, mal llevados, podrían ser un riesgo extremo para el bienestar de las instituciones, de la economía o del entorno social de nuestro país.
Ese riesgo radica en que no cualquier tema podrá ser sujeto a votación ciudadana; en primera porque la Constitución de nuestro país expresamente lo prohíbe; y segundo, porque derivado de su naturaleza y complejidad, ciertos temas no deberían ser sujetos a voto popular. Un caso paradigmático de ello es el nuevo aeropuerto, que por la trascendencia de ser el cerebro aeronáutico y comercial de nuestro país, requiere de un análisis exhaustivo de expertos, ya que son ellos, quienes conocen las características de la construcción y la mecánica del suelo, lo mismo que la viabilidad del espacio aéreo, movilidad, medio ambiente, ingeniería, economía y normatividad, concluyendo al fin si es viable el de Texcoco o es preferente la habilitación de la base militar de Santa Lucía. Por lo que considero muy aventurado y equivocado que nosotros los ciudadanos votemos temas que desconocemos su complejidad, las aristas científicas y técnicas, como las repercusiones económicas y sociales de una decisión mal tomada.
Ahora, peor cuando esta consulta se pretende realizar al margen de la ley, ya que según declaraciones de quien será el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Ing. Javier Jiménez Espriu[1] la fecha de celebración de la consulta popular será el 28 de octubre del 2018.
Pero nos encontramos con varias vicios de origen en su realización; el primero, una consulta popular válida deberá ser efectuada bajo los lineamientos del artículo 35 Constitucional (junto con los Tratados, Ley Suprema de la Nación), que establece que la misma será convocada por el Presidente de la República, o por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso, o por los menos a petición del 2% (dos por ciento) de los inscritos en la lista nominal. Es así que la primera hipótesis no puede invocarse ya que AMLO aún no es Presidente hasta el 1º. De diciembre; las otras dos, si bien podrían cumplirse, aún no vemos que los interesados estén trabajando en la obtención de los requisitos como lo son la aprobación por mayoría de ambas cámaras o la solicitud sustentada de los ciudadanos interesados. Sin embargo, aún cumpliendo con los requisitos al aventón, encontramos otras limitantes, las cuales se establecen en la fracción VIII, apartados 3, 4 y 5 del referido artículo constitucional que establecen que primeramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del tema previo a la convocatoria (la cual ya está hecha y tiene fecha cierta que es en octubre); la consulta deberá ser desarrollada por el INE y por consecuencia, no deberá ser ejecutada por sujetos que ni siquiera son gobierno; finalmente, como corolario, la norma expresa que deberá realizarse al momento de la jornada electoral federal, y la cual tendrá verificativo hasta el año 2021, por lo que tampoco valida la fecha ya programada.
Por estas razones, esta consulta popular es apócrifa – catalogada así porque no se apega a la legalidad- y la cual movilizará a millones de mexicanos a decidir sobre un tema tan complejo, que desconocemos y cuya voluntad ciudadana una vez emitida, por no cumplirse los requisitos legales no tiene validez.
Es por acciones como esta, que en lo futuro deberán ser repensadas, reestructuradas y bien sustentadas legalmente a fin de que el nuevo gobierno cumpla con las enormes y grandísimas expectativas expresadas en las urnas de más de la mitad de los votantes; máxime que su líder, posee nos guste o no la mayor legitimidad política por haber sido el Presidente mayor votado en la historia de México.
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[1] http://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/consulta-sobre-el-nuevo-aeropuerto-el-28-de-octubre-jimenez-espriu
Lic. Carlos Alberto Gutiérrez García.
10/ 09/ 2018.