La transición política que actualmente impera en México, nos brinda una enorme oportunidad para poner a prueba la eficacia y la vigencia de la división de poderes de nuestro federalismo mexicano.
En este contexto estructural, el poder en nuestro país, para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Esta separación de los poderes públicos es considerada como diques o limitantes al poder entre cada uno de éstos; ejemplificativamente, el Legislativo crea leyes pero no las ejecuta, el Ejecutivo las pone en práctica o inclusive las veta, y el Judicial desecha o inaplica leyes elaboradas por éstos, en caso de ser contrarias a la Constitución. Estas limitantes hoy en día son evidentemente necesarias, derivado de la agobiante mayoría que tiene el partido gobernante en el poder legislativo y del cual proviene el ejecutivo, quienes en conjunto y como en otras épocas, pudieran crear normas a modo y con fuerza legal por recaer en ellos mismos la mayoría democrática para aprobarlas.
Por lo que actualmente existen poderes constituidos que teóricamente se contrapesan, pero realmente conforman un bloque político abrumadoramente hegemónico, donde el Poder Judicial Federal necesita hoy más que nunca de su autonomía, en aras de ser un verdadero guardián de los derechos de nosotros los ciudadanos.
El poder judicial entre otros fines tiene la búsqueda del orden, la paz social y el respeto al estado constitucional de derecho, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones a aquellos ciudadanos que las incumplen o quebrantan los derechos de otros; los mismo que limita el poder de los gobernantes aplicado a sus gobernados, al igual que defiende las facultades que entre órganos de gobierno corresponde a cada uno de estos, sin que uno invada las facultades del otro y cuya misión fundamental es anteponer en todo momento el estricto apego a la legalidad contenida en nuestra Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.
En un contexto social y cultural como el que hoy prevalece en México, a todos nos conviene un poder judicial que sea lo suficientemente autónomo, donde sus jueces cuenten con la esencial imparcialidad y las necesarias prerrogativas para el buen desempeño de su encargo, como es el caso de un salario digno; sin embargo, ello no implica que sean válidos los chantajes que hoy ponen sobre la mesa los jueces y magistrados federales, quienes de manera muy conveniente expresan que su salario – excesivo, por cierto- es la garantía de imparcialidad necesaria de todo juzgador para no corromperse, entonces pienso que la ética judicial cuesta y cuesta mucho, alejándola de ser una cualidad del impartidor de justicia y reduciéndola a una concepto accesorio, vendible, lujoso y oneroso, donde no existe entonces la vocación de servicio, el libre desarrollo de la personalidad y la superación profesional de aquellos que trabajan en dicho poder, sino meramente un interés y una ambición económica desmedida.
Importante es mencionar que los juzgadores federales en ningún momento le hacen un favor a México, ya que se les paga por su trabajo; y si bien es cierto, hay temas de constitucionalidad que seguramente les prosperará, también es de todos conocidos que el Poder Judicial de la Federación es una burbuja de la abundancia, de los privilegios de unos cuantos y de nepotismo institucional. Ojalá este último tema sea objeto de debate y se efectúe otra reforma profunda al Poder Judicial de la Federación, de la magnitud de aquella que tuvo verificativo en 1994, donde se transformó por completo dicho poder.
Finalmente, es importante resaltar la buena intención del Ejecutivo y Legislativo de extirpar los privilegios; sin embargo, importante también es resaltar que dichas acciones de gobierno deben ser efectuadas con meridiana claridad, pulso quirúrgico y estricto apego a la ley, y no meras ocurrencias políticas. De acuerdo estoy que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente de la República, pero hasta hoy, no existe una razón o fundamento válido, que legitime lo poco que ganará el primer mandatario de una nación -no es cosa menor-, toda vez que su salario será parámetro a la baja de todos los demás.
Finalmente, por la complejidad e importancia política, económica y cultural de México en el mundo, es necesario que existan salarios decorosos para aquellos servidores públicos que tienen a sus cuestas a una nación, donde una decisión mal calibrada por ejemplo del Secretario de Hacienda, podría traer a la postre efectos macro y microeconómicos catastróficos, no solo dentro de nuestra geografía política, sino a toda Latinoamérica – recordemos el efecto tequila-. De allí la necesaria repensada en el tema salarial y ojalá exista una nueva propuesta de Ley de Remuneraciones a los Servidores Públicos, porque la existente, de intención loable, pero llena de ocurrencias y cálculos políticos, seguramente será vapuleada por la Suprema Corte debido a sus deficiencias técnicas y visos de inconstitucionalidad.
Por: Lic. Carlos Alberto Gutiérrez García.
19/ 12/ 2018