Hasta hace algunas semanas, nadie imaginábamos la sacudida sanitaria, económica y social que hoy nos aqueja producto de la pandemia. Pocas son las instituciones mexicanas que han comenzado a explorar la justicia en línea, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial de la Federación y algunos Tribunales Administrativos locales, particularmente el del Estado de Michoacán son ejemplos asertivos de ello, más por cuestiones de innovación y modernidad, que por necesidad y prioridad, como hoy en día urgimos quienes interactuamos con el medio jurisdiccional, y no se diga el justiciable quien directamente sufre los abusos del poder, los altos costos por productos o servicios al capricho de monopolios o comerciantes ambiciosos, más la implacable e impostergable presión fiscal.
No obstante estos muy reducidos botones de muestra, encontramos un gran vacío de normatividad, de estructura orgánica en las instituciones y de una cultura de la justicia en línea en los tribunales, por consecuencia lógica, de nosotros los operadores jurídicos, quienes históricamente hemos actuado hasta ya entrada la vigencia de las mencionadas reformas, convirtiéndonos de manera cotidiana en la parte del hilo más delgado, en vista de que la política pública pocas veces voltea a incentivar e involucrar en el conocimiento de las nuevas formas de hacer justicia a los postulantes, marginándonos y es que comienza una etapa de ensayo y error a punta de un “no ha lugar” o “dígasele que no”, salvo limitadas excepciones de aquellos que encuentran la posibilidad de tomar cursos de actualización previo pago para ello.
Ahora bien, si esas situaciones nos aquejan hoy en día en el ámbito jurisdiccional, en el Poder Ejecutivo encontramos océanos y no lagunas de tramitología en línea, ya que son limitadas las instituciones de la administración pública municipal y estatal en el país, no se diga, en Michoacán, quienes tengan dentro de su menú de servicios la tramitación de licencias, autorizaciones, pagos y demás opciones vía digital, por lo que es cotidiano estar en las enormes filas para el pago del impuesto predial, agua potable y servicios diversos como son el pago de derechos por expedición de actas del estado civil y otros, multas, aprovechamientos, etc. Máximo en tiempos de COVID- 19, donde la proximidad y el contacto social son los peores enemigos de la salud de los habitantes del planeta.
Finalmente, lejos de continuar con una retahíla de deficiencias y pesares, veamos este contexto como una enorme oportunidad e invitación para los administradores de justicia, legisladores, gobernantes y ciudadanía en general de migrar a un uso optativo de los trámites y litigios tecnológicos, y digo optativo, porque existe otro gran problema en México que es la enorme disparidad social y desigualdad en el acceso a la red y medios digitales; sin embargo, pese a esas circunstancias, ello no deja de ser una forma de acercar la justicia y los servicios a las personas, en un plano más transparente y en estos tiempos, menos riesgoso sanitariamente que incentivaría el descongestionamiento en alguna medida la demanda de estos servicios y la exigibilidad de los derechos a una ciudadanía enormemente golpeada por la crisis sanitaria mundial más universal y rápidamente expandida en la historia moderna de la humanidad.
De: Carlos A. Gutiérrez García.
04/ 06/ 2020.